Documento Final CABILDO PROBLEMÁTICAS URBANAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
20 DE JULIO DE 2010

El comité promotor del Cabildo de Problemáticas Urbanas, saluda con espíritu patriótico e ímpetu emancipador a las organizaciones y las personas que participaron de esta iniciativa para la construcción y el afianzamiento de los senderos de unidad que nos darán la posibilidad de conquistar la definitiva independencia. El objeto de este documento, es proponer alternativas a las leyes vigentes a partir de las necesidades de las comunidades y organizaciones sobre la realidad urbana, de acuerdo a las problemáticas generales que agobian la vida de sus habitantes, a la luz de la historia y de los procesos organizativos de los sectores sociales que aspiran a su redención y a la construcción de un modelo garante de la justicia y de la equidad social, en defensa de la soberanía nacional y de la democracia.

Para afianzar y fortalecer la organización y la articulación al interior del movimiento popular, es necesario aclarar y generalizar los referentes de lucha en común entre los sectores sociales que participan en la transformación de la sociedad y en la construcción de un nuevo gobierno. Para dicho efecto, reconocer los defectos, las irregularidades o los atropellos del régimen en cuestión no es suficiente para elaborar un modelo alternativo que solucione las contradicciones sociales y represente los intereses mayoritarios.

Entender cuáles son los mecanismos, los elementos internos y la lógica con la cual se rige el funcionamiento del sistema capitalista acorde a las particularidades propias de su desarrollo histórico en nuestro país, se constituye en un paso imperativo hacia la elaboración política de una vía alterna. Debemos hacer el ejercicio de analizar el modelo en sus diferentes esferas, desde lo económico pasando por el sistema político, la organización y la interacción social hasta las diferentes manifestaciones culturales en la ciudad.

El cabildo de problemáticas urbanas, fue un escenario propicio para la construcción colectiva de un acuerdo programático, en el que se logro identificar objetivos comunes, respecto a las necesidades de las comunidades de todo el territorio nacional.

Los invitamos pues a construir una iniciativa legislativa popular, para reformar la ley 388 de 2006 de ordenamiento territorial para las ciudades colombianas, porque, en palabras del Libertador, “la libertad del nuevo mundo, es la esperanza del universo”.

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LOS PROBLEMAS DE LA CIUDAD, 200 AÑOS DESPUÉS 

La urbe colombiana constituida hoy día por mil ciento diez y ocho (1118) ciudades, es derivación de las necesidades y caprichos de una clase social que se impone a sangre y fuego, manteniendo el control institucional que erigieron desde un principio sobre una gran cantidad de hombres y mujeres ajenos a su derecho propio de ejercicio político de dar sentido de lo que quieren hacer de sus vidas.

Las ciudades colombianas enfrentan hoy múltiples amenazas, con problemas urbanos crecientes, las políticas estatales promueven el desplazamiento urbano, la negación de los beneficios de la ciudad a los pobres y actúan en favor de la acumulación del capital, la especulación inmobiliaria y el desmonte de las responsabilidades estatales a través de las privatizaciones como la de los servicios públicos, las cuales generan un detrimento en la calidad de vida.

La ciudad colombiana integra y excluye a la vez. Integra en el marco de las relaciones capitalistas de comercio, producción, algunas bases de educación y de espacios públicos, culturales y deportivos. Se ha creado una ciudad, que ordena y clasifica a los habitantes sobre el espacio urbano de acuerdo con su capital o ingresos -provenientes del salario o del trabajo por cuenta propia- y expulsa continuamente, hacia la periferia, a quienes no pueden pagar la renta del suelo citadino o no pueden acceder a la mínima propiedad, por razones que tienen que ver con el manejo especulativo del gran capital de la misma, de los impuestos y de los servicios.


ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Existe una conexión íntima entre el desarrollo del capitalismo, la urbanización, el ordenamiento territorial y la problemática ambiental; los procesos de crecimiento y urbanización de las ciudades son el resultado de la movilización y absorción de los excedentes de capital concentrados en éstas, y el control sobre su utilización se encuentra capturado esencialmente por las clases dominantes.

La calidad de la vida urbana, el ambiente y la misma ciudad se han convertido en una mercancía, el consumismo, el turismo, las industrias culturales y las basadas en el conocimiento se han convertido en aspectos esenciales de la economía política urbana. Existe “libertad de elección” si se dispone del dinero para ello, proliferan los centros comerciales, los hoteles y los centros de negocios. La ética neoliberal individualista y el aislamiento político de las formas de acción colectiva se han convertido en el modelo de la socialización humana, fenómeno que se evidencia claramente en la materialización y organización espacial de la ciudad.

El ordenamiento de nuestras ciudades se caracteriza cada vez más por estar compuesto de fragmentos fortificados, comunidades aisladas y espacios públicos privatizados. La ciudad, dividida, segrega y excluye a sus habitantes, negando y entrando en contradicción con el campo, el ambiente y la naturaleza. El crecimiento de las grandes ciudades concede al suelo localizado en determinadas áreas, un incremento artificial y colosal de su valor. Los edificios erigidos sobre las mismas pierden su valor porque dejan de ser aptos a las nuevas circunstancias, siendo entonces derribados y sustituidos por otros, lo cual sucede sobre todo con las viviendas de los trabajadores: son demolidas y en su lugar se construyen tiendas, almacenes y edificios que generan beneficio al capital financiero y corporativo.

La transformación e implementación de “nuevos” modelos urbanos de ordenamiento, ha implicado acciones repetidas de violencia estatal contra los pobres, los no privilegiados y los marginados del poder político. El Estado, utilizando el poder de la expropiación en nombre de la mejora y la renovación cívicas, implementa deliberadamente la expulsión de buena parte de la clase obrera y de otros sectores poblacionales del centro de la ciudad, así como de pequeños propietarios rurales y campesinos en los márgenes urbanos, que se constituyen en una amenaza al orden público y al poder, y en un obstáculo para el desarrollo del capital.

Es así como los procesos de urbanización son fundamentales para la supervivencia del capitalismo y, por lo tanto, susceptibles necesariamente de convertirse en objeto crucial de la lucha de clases y de la lucha política. El derecho a decidir sobre nuestro territorio y nuestras ciudades es un derecho común antes que individual, ya que es desde el ejercicio del poder colectivo como se puede incidir en los procesos de urbanización y dar respuesta a los conflictos sociales y ambientales productos de éstos. No se puede entender una reforma urbana integral y democrática por fuera de la dialéctica de una movilización coordinada y beligerante de las fuerzas populares, como verdaderas conductoras del proyecto de cambio.

Los movimientos sociales urbanos deben superar el aislamiento y reformular los modelos de ordenamiento en oposición a la imagen promovida por los promotores inmobiliarios, respaldados por el capital financiero, el capital corporativo y un aparato de Estado cada vez más imbuido por una lógica estrictamente empresarial. La cuestión de qué tipo de ciudad queremos, de cómo debe estar organizada y como invertir su capital, debe estar vinculada a los planteamientos de qué tipo de lazos sociales, de relaciones con la naturaleza, de estilos de vida, de tecnologías y de valores estéticos deseamos.

La formulación de una reforma urbana debe dejar claro y expreso que son los habitantes quienes deben tener el derecho y poder de decisión para planificar el desarrollo urbanístico y el ordenamiento de las ciudades; este debe ser compatible con las necesidades y aspiraciones sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales de las masas; debe ir acompañada de una política de no pago de impuestos por los trabajadores y demás sectores populares, toda vez que a través de estos, los obreros y demás sectores populares ven reducidos sus míseros ingresos y son obligados a vender sus viviendas e irse a los extramuros de la ciudad al no poder soportar la inmensa carga tributaria; el derecho a la ciudad significa un mayor control democrático sobre la producción y utilización de sus excedentes. La gestión democrática sobre su despliegue urbano constituye este derecho.

No puede darse el desarrollo sin inversión social, sin transferencias, con privatización de lo público, con “derechos” en beneficio del capital, agrediendo la naturaleza y el ambiente propio, y con la existencia de seres humanos en la más completa miseria a quienes se les niegan sus derechos fundamentales. Pensar en ciudad es pensar en democracia, la crisis de la ciudad y la crisis ambiental de ésta, es en realidad una crisis social, económica y política.

Sin embargo la ciudad no es sólo espacios físicos, éste es un componente esencial más no el único. Crear espacio público no es un acto técnico de ingeniería, es ante todo una acción política que nos lleva a pensar y decidir sobre lo que somos y queremos ser, como sociedad libre de explotación y opresión. El derecho a la ciudad tiene que significar el derecho a dirigir la totalidad del proceso urbano, la ciudad debe estar atravesada por el derecho a la palabra y al libre pensamiento; por el derecho a la creatividad, pero sobre todo !por la democracia y la solidaridad!

VIVIENDA, SERVICIOS PUBLICOS Y TRANSPORTE

VIVIENDA

La agudización de la problemática de la vivienda es una consecuencia del plan de ordenamiento territorial el cual genera instrumentos para el desarrollo de las ciudades, que dilatan el proceso de urbanización y construcción de vivienda de interés social a gran escala, disminuyendo la oferta de vivienda para las clases más necesitadas dando como consecuencias el incremento del valor de la vivienda, beneficiando al mercado inmobiliario y dejando a un lado el derecho a una vivienda digna.

Los procesos de acumulación de capital y la necesidad de desarrollar nuevos mercados por parte de las clases dominantes, que desocupan el campo colombiano y se apropian de sus tierras, riquezas y recursos naturales, que desplazan la población urbana hacia las periferias, en donde los centros urbanos, con la implementación de planes y megaproyectos de “recuperación urbana”, les son nuevamente atractivos. Se recurre a la especulación y violencia inmobiliaria, a los altos costos de los servicios públicos privatizados y a la elevación de los impuestos, generando ghetos, hacinamientos, inseguridad social y más pobreza.

El Estado ha convertido el derecho a la vivienda en un negocio. Los subsidios son utilizados para especular con la mal llamada “vivienda de interés social”, construida por el capital financiero y sus empresas, respondiendo al interés privado del capital, al margen de las necesidades sociales, culturales, ambientales y económicas de los sectores populares.

Los proyectos de vivienda “social” del estado burgués son construidos en las periferias, alejados de las grandes obras de inversión, sin posibilidad de valorización, de generar empleo desde los hogares, con características de construcción y urbanismo mediocres y deficientes, de arquitectura homogénea, estrecha e insalubre. Estas “soluciones de vivienda” someten a un proceso de “bancarización” a los pobres, expandiendo el mercado financiero a través del UVR's y créditos de vivienda.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es su artículo 11, insta a los estados partes (entre ellos Colombia) al reconocimiento del “derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. Para esto es necesario enfatizar entre otros aspectos en: cómo se produce y quién produce la vivienda, a quién beneficia su producción, para quién se produce, como se accede a ésta, dónde se ubica, como se articula a los tejidos sociales y urbanos, o cuál es el papel de habitantes, comunidades y organizaciones en su producción

La vivienda en condiciones adecuadas es un derecho humano inalienable, que debe responder a visiones amplias que superen el populismo y cortoplacismo de los políticos de turno y del interés financiero, quienes en su afán por obtener ganancias reducen el problema al número de unidades o al de metros cuadrados a construir. La vivienda, como proceso económico, social y cultural, y donde la participación de las comunidades y las organizaciones sociales en la elaboración de alternativas es fundamental y necesaria, debe responder a requerimientos equilibrados entre espacios íntimos y equipamientos comunitarios, entre áreas libres y áreas construidas, garantizando, entre otros, el derecho a los servicios públicos, la educación, la salud y la recreación, que favorezca el desarrollo integral del ser humano.

Se requiere una reforma urbana integral, en la cual el Estado sea quien asuma sus responsabilidades y cumpla su función social garantizando una vivienda en condiciones dignas y adecuadas a todo ser humano, y su construcción debe contar con la participación activa de todos los sectores de la sociedad, los nuevos procesos urbanísticos deben garantizar la recuperación y el respeto cultural de los pueblos, enfatizando en el fortalecimiento de la tradición y demás elementos culturales.

No a la sobretasa de los costos prediales, esta debe realizarse de acuerdo a una política acorde a la situación de las comunidades.-los ingresos fiscales no pueden estar soportados en su mayor porcentaje sobre los hombros de los sectores populares.

SERVICIOS PUBLICOS

La desaparición del concepto de servicio público, como derechos humanos que deben ser cubiertos socialmente o con la ayuda del Estado, y su reemplazo por las formas privatizadas, las tarifas costeables y la supresión de subsidios a los sectores más pobres pone de presente el sentido con que actúa la política neoliberal: el de liberar las fuerzas de mercado que ahondan las desigualdades y profundizan las brechas sociales.

Los impactos directos de las privatizaciones sobre el gasto de los hogares se derivan principalmente de la evolución de los precios de los servicios y su cobertura.

Dichas coberturas1 y las calidades que hoy se poseen fueron alcanzadas antes de la actual privatizadora constitución y cuando el manejo empresarial estaba a cargo del Estado y también gracias a la organización y movilización de las poblaciones en el campo y las ciudades.

El predomino del mercado sobre lo social, en el caso de las ciudades colombianas y la correspondiente desaparición de los servicios gratuitos o subsidiados solamente redunda en el aumento y la exclusión sociales.

Impactos sociales de las privatizaciones

La entrada en vigencia de las leyes 142 y 143 de 1994, implicó aumentos considerables en las tarifas a los usuarios y en la participación privilegiada del capital privado extranjero y de los grandes conglomerados de las transnacionales, con un buen marco de garantías, con regulaciones altamente favorables a los inversionistas2, antes que el bienestar de las poblaciones, produciéndose la exclusión generalizada de los usuarios que no tienen capacidad de pago por el consumo realizado.

Observamos en estos 16 años de desnacionalización, el resultado de metodologías sustentadas en "criterios técnicos" desligados de cualquier consideración ética, pero, el resultado es ni más ni menos una aberración moral, pues es del todo inaceptable que estas empresas, gracias a la legislación vigente, no sólo hayan ganado mucho dinero3 en períodos de crisis, sino que, además, la ley les siga autorizando incrementar dichas ganancias con el aumento de las tarifas que solo empobrecen a los usuarios, quienes además, no disponen de ningún mecanismo de reajustabilidad de sus ingresos; las personas que no disponen de recursos económicos, claramente no podrán tener el servicio, mercantilizando esta forma un ejercicio básico.

Onerosos costos de los servicios públicos domiciliarios que agravan la situación de las mayorías pobres cuando tienen que destinar una inmensa4 parte de sus magros ingresos a pagar las facturas enviadas por las empresas. De tal forma es la situación del consumo, que para la reducción del costo de las facturas de los servicios públicos, los hogares dejan de utilizar estos servicios. Lo reafirman los empresarios de servicios públicos agremiados en ANDESCO: "La difícil situación económica mundial afectó la demanda de servicios públicos durante el segundo semestre de 2009.”5

Por otro lado esta situación inequitativa6 a favor de la confianza del inversionista7 han llevado a que un usuario experimente el corte de uno o más servicios públicos y este pase a escoger entre pagarlos o comer, o vestirse, o pagar la vivienda, o pagar la salud.8

Este problema se agrava aún más para los estratos pobres por cuanto la política actual propugna cada vez más por reducir9 el porcentaje de los subsidios cruzados.10

El articulo 365 Constitución Política Nacional dice: “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio Nacional (…)”

Los llamados servicios públicos, hacen parte de los derechos sociales de la población, como la salud y la educación y son en realidad una función pública, que como hemos dicho deben obedecer al principio social universal que señala como el interés público debe prevalecer sobre el interés privado o particular; para tal efecto debe ser democrático y no pertenecer a la esfera de lo privado. Como función del Estado debe tener objetivos de bienestar social, no comercial, que garanticen la calidad y cobertura universal mediante la reinversión social a favor de la población, como parte crucial en el logro de la calidad de vida de los pueblos.

Exigimos la implantación del mínimo vital de los servicios domiciliarios en energía y agua; el no cobro del alcantarillado y la nacionalización y restauración del carácter público a las empresas prestadoras de los servicios domiciliarios, las tarifas deben ser justas y asequibles al pueblo de acuerdo a sus condiciones económicas de pago.


TRANSPORTE

Según el DANE, en el primer trimestre de 2010, el parque automotor de transporte urbano de pasajeros disminuyó 3,0% en comparación con el mismo período de 2009. Así mismo, en las 8 áreas metropolitanas y 15 ciudades principales del país, el número de pasajeros reportado por las empresas transportadoras descendió 2,7%.

Los diagnósticos y estudios de todo tipo en torno al transporte público coinciden en cuatro problemáticas principales: sobreoferta, diseño de rutas, ilegalidad y el esquema empresarial. Pero hay otro tema vital ligado a los anteriores que el de la tarifa, pues el esquema tarifario11 actual facilita la ‘guerra del centavo’ y atenta contra el usuario. Bajo la concepción vigente, cuando bajan los pasajeros por bus aumenta la tarifa, lo cual es equivocado y se debe replantear ante una posible integración en los sistemas de transporte colectivo y masivo.

Por otro lado se observa el avance hacia la concentración de la propiedad y manejo como bloque empresarial del negocio del transporte, reflejado en la conformación de conglomerados que participan en las licitaciones nacionales y regionales de los sistemas de transporte masivo.

El estado invierte en infraestructura vial en las ciudades para adecuar el espacio público a los sistemas de transporte masivo. Paralelamente el sector privado lo usufructúa para beneficio de unos pocos. La implementación de estos proyectos que obedecen a los intereses de los organismos de la banca internacional, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, entre otros, generando el desplazamiento y la ruina de los pequeños propietarios.

La privatización de la infraestructura vial construida con dineros públicos se da en la práctica a través del cobro de “derechos” por utilización de la misma. La pretensión de crear peajes urbanos profundiza la pérdida del derecho al transporte público y la libre locomoción de los ciudadanos.

Se requiere una reestructuración institucional del sector, para lo cual Transmilenio S.A. debe administrar los contratos del transporte público colectivo, con el complemento de una autoridad de transporte que debe ser mucho más sólida en su profesionalización y en recursos tecnológicos, de tal forma que pueda ejercer una adecuada vigilancia y control sobre el sistema de transporte.

También hace falta tener en cuenta la participación ciudadana, específicamente de los usuarios, en este proceso. Es muy importante generar espacios de expresión y concertación con el sector transportador, pero se requiere también generar posibilidades a los usuarios para manifestar su posición.

El transporte como derecho de libre circulación con que cuenta todo ser humano, debe verse como un servicio público a merced de todo ciudadano. Además debe responder a la lógica de generación de empleo y no supeditarse a los intereses privados nacionales y transnacionales.

Impedir la privatización de las carreteras por vía de las concesiones o cualquier otro medio. Estas deben ser construidas, operadas y administradas por el Estado. Se debe exigir de manera inmediata la reversión de todas las concesiones actuales, sin indemnización, permitiendo la participación popular en todos los procesos.

Notas

1. Sin embargo actualmente se tiene un segmento significativo de usuarios subnormales (se estiman en cerca del 4% del número total de usuarios). Sin embargo en Bogotá con un 99.5% de cobertura, la existencia de barrios subnormales, donde el servicio no es prestado en la totalidad de las viviendas, ha impedido que la cobertura alcance el nivel universal.
2. En Colombia particularmente es importante la presencia de las empresas españolas, como Enel.-Endesa, Gas Natural- Fenosa, Aguas de Barcelona, BBVA, entre otras.
3. Según la Superintendencia de Servicios Públicos, las ventas totales del sector el año anterior fueron de $8,7 billones, con un crecimiento de 9,9% frente a los ingresos de 2008. Los activos de las empresas aumentaron 5,1%, al registrar $25,5 billones. Mientras tanto, la utilidad operacional de estas entidades fue de $190.000 millones y la utilidad neta cerró en $1,4 billones, con un aumento de 40% frente a la de 2008. Revista Dinero, 28 de mayo de 2010.
4. Al mismo tiempo, varios estudios indican que el porcentaje del ingreso, que destinan los más pobres para pagar las facturas de los servicios públicos domiciliarios son cada vez más altos. Por ejemplo en Bogotá se participa con el 45% de los gastos totales para pagar los servicios públicos; que corresponde a más a lo que se destina al consumo de alimentos y bebidas.
5. Ver la encuesta semestral de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).
6. Los recurrentes problemas en la prestación de los distintos servicios son la demostración fehaciente de los efectos que produce un mal servicios público en manos privadas y la ausencia de voluntad política para atender las necesidades y demandas de los ciudadanos.
7. El mercado se desregulariza, se privatiza y se extranjeriza.
8. Pero lo más grave lo constituye la desconexión de más de 50.000 hogares en Medellín, que se les corta y/o suspende el agua y la energía. Periferia. Octubre de 2009.
9. Desmontando la contribución superior al 20 % que pagan los estratos 5,6 en la tarifas de acueducto y alcantarillado en Colombia, incluso llevarían a la eliminación total de los subsidios para el estrato 3 y el cobro de la tarifa plena a los usuarios, ante la imposibilidad de que en las ciudades y municipios de obtener ingresos para equilibrar. los "ingresos y contribuciones". Consejo de Estado marzo de 2010, Consejero Ponente Hugo Fernando Bastidas. Anulación parcial de los Decretos 2825 y 57 de 2006 gestados por el Min. ambiente.
10. Así lo declaro el saliente Ministro de Hacienda, La República. 11-06-10. "Debe revisarse muy bien todo el esquema de subsidios cuando hay un IPC bajo porque éstos se establecen cuando hay inflaciones medias o altas", agregó el jefe de las finanzas públicas. La República. 11-06-10. Estudios de Fedesarrollo como el de los gremios Acolgen y Andi revelan que el esquema colombiano de solidaridad a través de subsidios no es la mejor solución para garantizar el acceso de los hogares de menores ingresos al servicio de energía eléctrica y que este tipo de ayudas tiene consecuencias "nefastas" sobre las ganancias empresariales, los costos laborales y el acceso al servicio.
11. Incrementos superiores al salario mínimo y los usuarios destinan de sus ingresos cada vez porcentajes altos para transportarse.


SEGURIDAD Y CONTROL EN LA CIUDAD

En el marco de la política de la Seguridad Democrática, desarrollada bajo el sofisma de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero con la cual se pretende reprimir y exterminar sistemáticamente no solo a la oposición política sino cualquier manifestación de descontento frente al orden político y lograr el mantenimiento del estatus quo, se ha generado la agudización de la crisis humanitaria por la cual atraviesa la nación fruto del conflicto social y armado desde hace ya mas de 40 años, aumentando las cifras del desplazamiento forzado y aumentando proporcionalmente el desempleo y los anillos de miseria que se encuentran en las diferentes ciudades del país.

El carácter excluyente del modelo económico en vigor, se hace manifiesto en el aumento de la informatización laboral como en la comercialización de los servicios y la negación de las garantías sociales en detrimento del bienestar de la sociedad, lo cual trae como resultado el aumento de la delincuencia y la marginalización creciente en cada una de las ciudades.

El aumento proporcional del presupuesto nacional destinado para la seguridad y el refuerzo del pie de fuerza se ha evidenciado en la progresiva militarización no solo en el ámbito rural sino en los barrios periféricos y populares a nivel urbano, donde la fuerza publica de manera constante violenta de forma sistemática a sus habitantes con el apoyo de las organizaciones paramilitares o bandas emergentes, como se les denomina actualmente para negar su rol y su carácter político.


PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

Después de transcurridos cerca de veinte años de haberse promulgado la Constitución del 91, considerada como la carta garantista y de consagrar normas de amplia participación comunitaria, y de una cantidad de normas de contenido participativo, ejemplo el artículo 103 de la Constitución Nacional que garantiza la participación comunitaria mediante el derecho a la asociación para la gestión pública y privada que expresa “El Estado contribuirá a la organización, promoción de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias y juveniles, benéficas o utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes estancias de PARTICIPACIÓN, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan” La autonomía territorial podría definirse como la capacidad para manejar los asuntos y gestionar sus intereses propios. Este asunto que pegado a la participación democrática de las comunidades se podría convertir en un eje fundamental en perspectivas a la solución de la crisis que el país arrastra desde tiempos inmemoriales.

Pero el problema de la participación ciudadana no es nada sencillo tiene su grado de dificultad y complejidad, demos una lectura rápida y general al problema de la Participación, lo primero que tenemos que decir es que la construcción de una cultura de la participación en un territorio que políticamente depende de dinámicas y fuerzas externas, que apoyan a un poder interno de formación social capitalista, excluyente, represivo y antidemocrático es supremamente complejo y difícil; lo segundo que pesa en este proceso es la costra de una cultura política que de tiempos de la colonia se construye y se impone a través de la violencia al conjunto de la sociedad colombiana y, el tercer elemento tiene que ver con el hecho de que es un trabajo y proceso reciente, muy nuevo, apenas comienza a dar sus primeros pinitos y por tal razón en la sociedad, en sus instituciones; la participación comunitaria y el proceso democrático todavía atraviesan por muchas dificultades y problemas de fondo.

Es necesaria la construcción de una ciudadanía activa, con sujetos políticos que tengan conciencia de que son ciudadanos con derechos y deberes, en el ejercicio de la ciudadanía somos sujeto de DERECHOS y sujetos de necesidades, que el control social y la vigilancia propositiva se ejerce desde la lógica de los derechos. Tenemos un grave problema de cultura política, de permitir engaños y manipulación de la mentalidad ciudadana con el cuento de la participación en los asuntos de interés colectivo y comunitario, cuando lo que se hace es avalar decisiones ya tomadas por el gobernante de turno de acuerdo a su particular interés; no se puede continuar con la dinámica de hipotecar los derechos de la sociedad. Que liderazgos descompuestos continúen negociando, entregando los derechos de la comunidad al mejor postor, que agentes del gobierno central, congresistas, alcaldes y gobernadores coopten los supuestos liderazgos sociales y frustren la posibilidad de construir Democracia.

La participación democrática de las comunidades en la definición de sus asuntos de vital importancia, solamente ha sido una quimera, una ilusión que rápidamente se convirtió en una frustración del pueblo colombiano. Con el gancho de la autonomía territorial y fiscal para los municipios y en el caso concreto de la descentralización y de los presupuestos participativos algunos gobiernos locales buscan pasar de la teoría a la realización de acciones prácticas y concretas en políticas de participación insertándola como esquema medular de la administración pública, para el desarrollo económico y social de los territorios.

La participación ciudadana en Colombia se ha convertido en un engaño a las comunidades se les convoca a participar con decisiones ya tomadas, con el simple hecho de firmar la asistencia y la de registrarse en una foto queda patentado supuestamente la participación. Lo que hace el Gobierno central es: construir la cancha de fútbol, las reglas de juego y colocar el árbitro; y la sociedad civil pone los sujetos políticos a jugar en desventaja, con cancha, reglas y arbitro que las comunidades no han definido, quien las ha definido es la contraparte. Esta no es la PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA que necesita la sociedad colombiana. Se requiere luchar por conquistar una verdadera Participación, ese es nuestro reto.

La justicia, la igualdad y el servicio. Uno de los retos esenciales de la constitución de 1991 es el desarrollo y consolidación de la democracia participativa en Colombia. La carta política incorpora una serie de canales de intervención ciudadana en ciertas decisiones públicas propiciando y fortaleciendo la organización y la iniciativa de la población. La carta contiene una gran cantidad de principios, derechos y mecanismos de participación que no sólo fortalece las instituciones representativas y tradicionales, sino que contempla formas muy diversas de participación política y social. Como vemos, la ley no lo es todo, pero es un requisito para darle intimidad a la reforma política. De la misma manera se debe luchar por conseguir que este legado del derecho positivo se convierta en políticas públicas, que sean desarrolladas como una política de Estado y de la sociedad para que no estén al capricho y el vaivén de los gobiernos de turno. El logro de la participación ciudadana en perspectiva de la construcción de una sociedad democrática es, pues, una tarea difícil pero no irrealizable.

En una sociedad la participación ciudadana es transversal en todo, es el elemento vinculante de ciudadanos, de grupos sociales, de movimientos políticos alrededor de sus intereses, de sus preocupaciones y de problemáticas específicas. Es conflictiva por la diversidad de demandas sociales, por el dinamismo de la sociedad y por la multiplicidad de intereses, su fortaleza filosófica y política radica que su esencia es dialéctica, de tal manera que se le debe prodigar un buen manejo al ejercicio participativo teniendo en cuenta que la participación ciudadana es concreta y fortalece las organizaciones y redes sociales. Puede ser autónoma de cada uno de los participantes sobre la base de decisiones propias, fundadas en las interpretaciones de la realidad y en sus propios intereses, con la condición de ser parte de un todo, es decir, de los intereses del conjunto de la sociedad.

La paz y la justicia social se consiguen con la participación También es necesaria una firme voluntad de los agentes políticos para poner en marcha mecanismos que permitan el desarrollo de la participación ciudadana. Es necesario un Estado que asuma realmente una democracia real y de una paz con justicia social, que garantice la solución civilizada de los conflictos sociales, y que tenga instituciones transparentes y abiertas que se ganen la confianza de todos los ciudadanos y ciudadanas. Del otro lado, una sociedad civil fuerte, es decir, constituida por una serie de personas y de actores colectivos conscientes de sus intereses, organizados y portadores de proyectos, capaces de convertirse en interlocutores del Estado.

DENUNCIAS

Asociación La Estrella. Tuluá – Valle del Cauca: Sr. José Manuel “programa de vivienda”: situación: comunidad de 80 familias, víctimas del conflicto armado, quienes hacen compra de un terreno, en el cual no están autorizados a autoconstruir (ley 387 del derecho a la vivienda).

Inspección La Julia, La Uribe - Meta: Las familias del municipio de Uribe inspección la Julia, se nos presenta la problemática del parque Tinigua, ya que en este lugar hay 86 familias dentro del parque Tinigua y el gobierno nos quiere sacar con el argumento que nos va a reubicar pero no han dicho donde. Son familias que llevan más de 25 y 30 años de esfuerzo y de trabajo y no queremos salir de esa zona porque hay tenemos nuestras pertenencias y no tenemos donde ir y no estamos de acuerdo, ya que los campesinos es el único sitio que tenemos para vivir. Municipio de Uribe, Meta, veredas Estrella de Pajuil, Belleza, Brisas, Guayabero y otras.

ASPROZONAC. Campesinos del Norte del Cauca: Rechazar para tumbar la ley departamental de aguas por que este proyecto fascista de la ley departamental de aguas viene a privatizar las empresas publicas que prestan el servicio de agua en los municipios, en las ciudades y afecta enormemente la situación económica de los habitantes de las zonas urbanas y da vía libre a las grandes empresas multinacionales para la compra venta de los servicios públicos, hay que revisar más a fondo esta problemática de los planes departamentales de agua, y que quede en el documento de plataforma de lucha para la discusión política porque hay discusiones en este tema en algunos departamentos y municipios del país. Con las hidroeléctricas y empresas embotelladoras de agua con los estudios de los territorios para conocer los páramos, los ríos, las lagunas, acuíferos y así no permitir que empresas privadas administren los servicios públicos mas, como el agua que es vital para la población y que es patrimonio de la humanidad. Campesinos norte del Cauca. 

Moisés Gallego. Comité de voceros de la Comuna de Manizales, Caldas: quien denuncia el desarrollo de un mega-proyecto cuyas consecuencias serán el desplazamiento de más de 3000 personas hacia la periferia, es importante que se articulen las organizaciones para construir alternativas de poder.

Martha Henao. Comuna de San José, Manizales - Caldas: denuncia al alcalde que quiere desplazar a la gente de la comuna, debido a que se encuentran en el centro de la ciudad, están demoliendo las viviendas, causa del plan de renovación del centro.

Nariño. San José del Guaviare - Guaviare: Asociación los abuelos años dorados del Guaviare, 300 abuelos que tienen dificultades con los subsidios, les entregan $90000 para que vivan 3 meses, los han llevado al límite de la indigencia.

Corporación Aitue. San José Sur - Bogotá: ayuda a las personas desplazadas, quienes viven en malas condiciones de vivienda, a realizar el procedimiento político para lograr mejorar su calidad de vida, es el objetivo de la organización: la búsqueda de la vida digna a través de la organización social. 

Popayán - Cauca: se presentan abuso en las tarifas de servicios públicos, hay un aumento, pasan de ser estrato 1 y 2 a pagar recibos de estrato 4 o 5. 

Medellín - Antioquia: denuncia que las empresas de servicios públicos, prestan servicios pre-pagados lo cual impide el acceso de las comunidades sin capacidad de campo a estos; también se presenta un desplazamiento de algunos barrios del centro de la ciudad hacia la periferia, un desconocimiento de la organización territorial.

No hay espacios colectivos en las ciudades de uso público, lo que impide la organización y el disfrute de las comunidades.

Asamblea Popular del Plan Centro. Bogotá: rechaza totalmente el desplazamiento de los habitantes de estos sectores a causa de los planes zonales. 

Nariño: La problemática de Nariño espera tener los servicios públicos que cada día alzan más tanto agua como luz, tenemos transporte público también que a cada rato alza, también tenemos el plan de movilización que van a derrumbar muchas casas de la comuna 27, estamos atrofiados, gracias, Pasto, Nariño, PRESENTE. 

María Elena Rosero. Cali - Valle: denunciar los focos de inseguridad que surgen en la ciudad y donde los gobiernos no se dejan ver. Son tomados por delincuencia común y organizados por pretender vender seguridad a los habitantes, pero en el fondo buscan tener control del espacio no se sabe cuál es el fin. Potrero grande en Cali, es el más reciente, pero el más grande, además tenemos hacinamiento en las viviendas y en los espacios comunes, andenes y calles. Casas de 35 m2 construidos, 60 m2 en total, ejemplo: no se puede armar una cama doble. Las familias que tienen jóvenes deben sacarlos del espacio por que fácilmente se ven involucrados en la problemática, bien los incitan a participar o son amenazados por no quedarse callados. Seguridad democrática? El alcalde propone ya que la policía es corrupta.

Madres Sustitutas. Cali - Valle: grupo de madres sustitutas de niños en situación de discapacidad, en abandono y protección y niños normales en abandono y protección. No tenemos salario, no tenemos pensión, prestaciones, muchas de nosotras no tenemos vivienda muchas de nosotras salimos del programa por este motivo morimos y no tenemos de que echar mano, nosotras pedimos apoyo, las madres comunitarias ya tienen estos apoyos y queremos ser reconocidas a nivel mundial, por eso estamos en esta marcha.

Casco urbano La Uribe - Meta: exigir un hospital para atender a 54 veredas y reparación de viviendas quemadas y recuperación de terrenos para crecer el pueblo.

Viviendistas de Ciudad “Futuro”. Popayán - Cauca: les solicitamos desde la forma o el recurso propio, para eliminarnos el valor de los 4 millones de pesos que se piden como cuota para tener derecho al subsidio para la vivienda digna como colombianos y votantes que somos; no podemos cumplir con esta imposición estamos demasiadamente pobres, somos desplazados, viejos de tercera edad, discapacitados y vendedores ambulantes y demás pobres que han llegado a Popayán que vivimos en asentamientos. Que si esto se puede realizar las personas que tienen derecho si se pueden quedar y no tiene que abandonar el sueño maravilloso de tener una vivienda para la familia, pero las oportunidades apoyadas con los funcionarios estatales se están saliendo con sus propósitos. Que los constructores Minuto de Dios se comprometan con honestidad al propósito de la vivienda digna de las 3.088 familias que llevan más de 10 años de lucha y se respeten nuestros derechos. Que viva Colombia y el Cauca por la lucha de la vivienda. Muchas Gracias.


PROPUESTAS

Construir una iniciativa legislativa popular, para reformar la ley 388 de 2006 de Ordenamiento Territorial para las ciudades colombianas.

Fortalecer las organizaciones sociales y articular el trabajo con otras organizaciones que tengan objetivos comunes.

Interlocución y negociación directa, participación decisoria y seguridad jurídica para la permanencia, ingresos básicos y habitad dignos de los pobladores populares en el desarrollo de las ciudades Colombianas

Jeisson Montaño: acuerdo 13 de Bogotá de la participación, preocupación para modificar el acuerdo para que haya una participación real y amplia de todos los sectores sociales. Ley 142 y 143 de servicios públicos, es necesario que sea derogada, debido a que no nos da garantías frente al uso de los servicios y enriquece a las elites del país

Asamblea Popular del Plan Centro: reivindicar los aspectos socioculturales que se construyen en el territorio donde se habita, plantear una unión popular para declarar el centro como patrimonio histórico.

Jhon Gómez - Vivienda: integración de fronteras: formar una mesa nacional, sacando un representante de cada región en la temática.

Las organizaciones populares de viviendistas deben luchar por la participación activa en la construcción democrática de los P.O.T., de planes locales de desarrollo y planificación urbana.

Implementar una política popular de defensa de la vivienda.

Promover el estudio y la utilización de las herramientas jurídicas y constitucionales con una interpretación desde el campo popular, y si es el caso desarrollar manuales que nos permitan detener los atropellos de las empresas de servicios públicos y del sector financiero.

Promover mecanismo de resistencia, defensa, recuperación de la vivienda y de confrontación a las “políticas públicas” del Estado y el mercado capitalista.

No a la privatización de parques recreativos –las juntas de acción comunal, promueven el cobro por utilización de estos escenarios, con el argumento de costear su mantenimiento – al contrario se debe exigir la inversión del Estado en el mantenimiento y mejoramiento de los mismos

Detener las privatizaciones de las empresas estatales y nacionalizar completamente las que han sido privatizadas, exigir la modificación de los artículos 365 - 370 de la Constitución Nacional que promueven la privatización. Así como la derogatoria de la ley 142 de 1994 o ley de servicios públicos.

Promover la creación y fortalecimiento de las asociaciones de usuarios de transporte público.